Como parte de las acciones permanentes de vigilancia y prevención del delito que implementa la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), en distintas labores de vigilancia y coordinación operativa con los tres órdenes de gobierno, se logró en los últimos días la detención de cinco personas que contaban con mandamientos judiciales vigentes emitidos por las autoridades de justicia de Baja California Sur y de otras entidades del país.

Estas acciones se llevaron a cabo en los municipios de La Paz y Los Cabos, destacando que dos de estas se realizaron en el módulo de Revisión Secundaria de Puerto de Pichilingue, como parte de los protocolos de prevención y seguridad implementados en estos puntos de acceso y salida de la entidad.

Resultado de ello, en este punto fueron asegurados José “N”, de 28 años, quien era buscado por el delito de feminicidio en el estado de Baja California, derivado de un proceso penal iniciado en el año 2018, así como Ricardo “N”, de 38 años, quien cuenta con dos órdenes de aprehensión por los delitos de robo de vehículo e incumplimiento de las obligaciones familiares en el estado de Sonora.

Por otra parte, en la colonia Las Palmas de Cabo San Lucas, fue detenido Jonathan “N”, de 26 años, por existir en su contra una orden de aprehensión por el delito de portación de arma de fuego, emitida en el estado de Guerrero.

Mientras que en la ciudad de La Paz, fue detenido Adrián “N”, de 39 años, quien era buscado por el delito de abuso sexual de personas menores de edad, de acuerdo con un proceso penal emitido en el municipio de Los Cabos; en tanto, en la colonia Ayuntamiento se detuvo a Ángel “N”, por el delito de robo calificado.

Tras corroborar la vigencia de los mandamientos judiciales, las cinco personas fueron puestas a disposición de la Agencia del Ministerio Público, a fin de continuar con el proceso legal correspondiente a cada caso.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad Pública refrenda su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de vigilancia e inteligencia operativa para la localización y detención de personas con mandamientos judiciales pendientes de cumplimentar, poniendo a disposición de la ciudadanía la línea de emergencias 9.1.1 y 089 de denuncia anónima, para reportar cualquier hecho delictivo o situación que pudiera representar un riesgo para la seguridad y la paz social.